El Parlamento europeo (PE) debatió en febrero el plan de la Comisión Europea de cara a que el Impuesto de Sociedades de la zona euro sea más equitativo y eficaz. Una de las medidas ha sido poner en funcionamiento dos comisiones especiales para estudiar todo esto, y ha pedido a la Comisión Europea pautas para limitar las prácticas que, en forma de tratos fiscales favorables, utilizan a veces, algunos estados miembros con las multinacionales.

El plan de trabajo de la Comisión Europea, en torno al Impuesto sobre Sociedades, tiene dos principios básicos:

  • La concepción de una base imponible común consolidada.
  • El fundamento que indica que las sociedades tienen que pagar sus impuestos en aquellos estados donde generan los beneficios.

Esta base imponible común consolidada provocaría que los Estados de la Unión Europea necesiten acordar el tipo de ingresos de las sociedades a los que se grava. No se trata de una armonización, aunque sí confiere claridad.

También, se pide que se proteja a aquellos que saquen a la luz escándalos, como el caso Luxleaks. Y que las sociedades comuniquen los impuestos que liquidan en cada estado.

Plan de acción de la Comisión Europea

Este plan de acción establece cinco claves para abordar el fraude fiscal, asegurar ingresos sostenibles y apoyar un mejor ambiente de negocios en el mercado único:

  • El relanzamiento de la base consolidada común del Impuesto sobre Sociedades: (Common Consolidated Corporate Tax Base) BICCIS
  • Garantizar la justicia fiscal, donde se generan las ganancias.
  • La creación de un mejor ambiente de negocios.
  • El aumento de la transparencia.
  • Mejora de la coordinación de la UE.

 

Los planes de la OCDE

Estas acciones coinciden con las que lleva a cabo, desde hace años, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), para asegurar una fiscalidad a nivel internacional más eficiente. Su plan de acción sobre la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios, conocido como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), por sus siglas en inglés, concreta el posicionamiento de los países agrupados en este organismo sobre las iniciativas del plan.

La OCDE quiere incluir algunos ajustes mediante los cuales se consiga impacto importante en el trato fiscal de las empresas. Entre otros, y a grandes rasgos están:

  • Los desafíos de la economía digital que agrava las dificultades para localizar el beneficio.
  • Discrepancias originadas por la utilización de instrumentos híbridos. Fundamentalmente incluye recomendaciones a los estados para introducir normas que liguen la exención/deducción en un estado con la tributación en el otro.
  • Evitar prácticas fiscales dañinas, que busca acotar la capacidad de los países para crear regímenes preferenciales.
  • Qué hacer con los activos intangibles.
  • Demanda de documentación de los precios intragrupo, donde aparezcan desglosados los ingresos y beneficios declarados así como los impuestos pagados en cada teritorio.

 

¿Qué supone esto para las pymes?

Aunque estos planes están ligados, especialmente, a las prácticas fraudulentas de algunas  grandes empresas en su negocio internacional, al final, todo repercutirá también en el negocio de las pymes. Será importante, en este sentido, conocer las repercusiones y las futuras normativas en lo referente a la armonización de las bases imponibles o las deducciones y exenciones.

En este ámbito, se debe exigir a todas las empresas la máxima seriedad y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones, porque las malas acciones de unas afectan a todas.  Pero también hay que exigir a las Administraciones que se coordinen y que respeten los intereses particulares. Apuntando en esa dirección se encuentra una de las líneas de trabajo más interesantes, y que está ganando terreno internacional: la de los escenarios de colaboración entre las  Administraciones y los contribuyentes, buscando llegar a pactos que se basen en la confianza y la transparencia.

 

Post relacionados:

CTA IMAGEN FINAL POST CROWDLENDING